La presente iniciativa tiene por fin adecuar la Ley 26.887 de Representación Estudiantil, al principio de equidad en la representación de los géneros al interior de los centros de estudiantes.
El compromiso con las infancias y adolescencias de nuestro país en pos de la protección y garantía de sus derechos representan el impulso de esta iniciativa.
La presente iniciativa tiene por objeto derogar el artículo 185 del Código Penal de la Nación Argentina, el cual establece la exención en la responsabilidad del tipo penal cuando se cometieron hurtos, defraudaciones o daños, toda vez que fueran recíprocamente causados entre “los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta; el consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro; y los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.”
El presente proyecto busca proteger a aquellas personas que accedan a este tipo de servicios financieros y crediticios, ayudando a prevenir situaciones de sobreendeudamiento personal y/o familiar. Se busca propiciar conductas de consumo responsable, velar por un trato digno y equitativo entre las partes, evitar prácticas abusivas y procurar que cada quien cumpla con sus obligaciones sin poner en riesgo la economía familiar.
El proyecto busca que las asociaciones civiles sin fines de lucro tengan cuentas bancarias gratuitas.
La presente iniciativa establece que el Consejo Nacional de la Vivienda asigne un cupo preferente del 5% para juventudes en cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el FONAVI. Establece asimismo que no se considerará requisito de acceso que las personas jóvenes tengan hijos o hijas a cargo o que acrediten matrimonio o unión convivencial.
Se propone la incorporación automática de las viviendas que se financien, construyan, adquieran con recursos del FONAVI, al régimen de protección del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). De esta manera, quedarán resguardadas frente a las demandas de acreedores en virtud de deudas contraídas con posterioridad a la afectación del inmueble al régimen de Mención.
La presente iniciativa tiene por objeto contribuir a la protección de las mujeres sancionando la violencia de género al modificar el artículo 76 bis del Código Penal, estableciendo que no se podrá aplicar el instituto de la suspensión de juicio a prueba (probation) para aquellos delitos en cuya comisión se ejerciera violencia de género. El mismo, es un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de una o un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete por un plazo determinado a “una prueba”.
En el año 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A través de sus 17 Objetivos (ODS) con 169 metas asociadas, plantea un cambio de paradigma en cuanto al modelo de desarrollo centrado ahora en las personas y el planeta, e integrando las dimensiones económica, social y medioambiental. A los fines de la presente iniciativa, consideramos particularmente relevantes los Objetivos 7, 11, 12 y 13.
En tal sentido, la presente iniciativa aborda la problemática del uso de armas de fuego desde una perspectiva de género, entendiendo que la sola presencia de un arma de fuego en un contexto de violencia de género amenaza, atemoriza y paraliza a las víctimas.