El proyecto de ley busca asegurar la organización y funcionamiento del Banco de la Nación Argentina como una institución de propiedad estatal, en respuesta al Decreto 116/2025 del Poder Ejecutivo, que lo transforma en una sociedad anónima.
Se solicita la interpelación de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Elizabeth Milei, debido a su rol estratégico en el gobierno y su posible conocimiento o participación en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, vinculada a un escándalo financiero que ha generado una crisis de credibilidad institucional y económica en el país.
Dado el desprecio del Ejecutivo por el Congreso y su reiterada negativa a rendir cuentas, se propone la derogación de las facultades delegadas para restaurar el principio de división de poderes y garantizar una gobernabilidad democrática
Ante esta emergencia, se propone declarar la crisis ambiental, social y productiva por 180 días, prorrogables, en las provincias afectadas. Se busca garantizar apoyo económico para la reconstrucción de viviendas y servicios, asistencia a damnificados y recuperación de la biodiversidad. Además, se prevén beneficios fiscales y líneas de crédito para las actividades productivas afectadas, priorizando obras públicas urgentes y la coordinación con los gobiernos locales. La iniciativa busca restaurar las condiciones de vida en la región y mitigar las graves consecuencias de estos incendios forestales.
El Gobierno Nacional decidió finalizar la emergencia territorial que protegía la posesión y propiedad comunitaria indígena, establecida por la Ley 26.160 y sus prórrogas. Esta medida supone una amenaza para los derechos humanos de los pueblos indígenas, ya que la mencionada ley era la única norma de políticas públicas en Leer más…
La región Comahue, a pesar de ser una de las principales productoras de energía del país, paga tarifas eléctricas significativamente más altas que el AMBA, lo que genera una profunda inequidad. Esto se debe a la estructura tarifaria impuesta, donde la energía se vende a precios bajos pero se compra Leer más…
La presente solicitud busca información precisa sobre el uso de agentes encubiertos en Argentina, en el marco del control y fiscalización del Senado. Este mecanismo, establecido por la Ley N° 27.319 para investigar delitos complejos, plantea preocupaciones respecto a su transparencia y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien la ley limita el uso de los agentes encubiertos, señalando que su testimonio debe valorarse con cautela, la reciente Resolución Nº 1253/24 carece de controles judiciales y especificaciones claras sobre la recopilación, protección y uso de información, generando riesgos de abusos y arbitrariedades.
En 2013, el Congreso sancionó la Ley Nº 26.845 para promover la toma de conciencia sobre la relevancia de la donación de órganos, destacando los avances en capacitación y tecnología, aunque señalando la falta de órganos disponibles como un obstáculo significativo. Posteriormente, la Ley Nº 27.447, conocida como Ley Justina, fortaleció la figura del donante presunto, eliminando la necesidad de consultar a las familias en ausencia de una oposición expresa, lo que generó un aumento en los procesos de donación.
Se busca concientizar sobre la donación de órganos y tejidos, destacando la importancia de incrementar el número de personas dispuestas a donar, sean mayores de 18 años o menores de edad con autorización de un adulto responsable.
La defensa de ARSAT es estratégica para Argentina, ya que su privatización podría llevar a situaciones desventajosas, tal como ocurrió con otras empresas estatales en el pasado. Por ello, es imprescindible exigir la mayor transparencia en cualquier proceso de venta y que se considere la importancia de ARSAT en el contexto de las telecomunicaciones y el acceso a servicios básicos en todo el país.