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La reducción a 0% de los derechos de exportación establecida por el Decreto 682/25 generó graves preocupaciones institucionales y fiscales que justifican la intervención del Congreso. La medida, presentada como un beneficio para el sector agropecuario, terminó favoreciendo a un pequeño grupo de grandes exportadores, quienes obtuvieron ventajas extraordinarias a costa de un alto costo fiscal para el Estado, estimado en alrededor de U$1.497 millones.
se propone la creación de una Comisión Investigadora Parlamentaria, siguiendo el antecedente de la Ley Nº 26.397 de 2008, con el fin de esclarecer posibles irregularidades y garantizar el control político sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, en resguardo de los principios de transparencia, equidad y defensa del interés público.