2397/24: DECLARA LA EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESIÓN Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ORIGINARIAS DEL PAÍS, POR EL TERMINO DE 4 (CUATRO) AÑOS (Co-autoría con LEAVY Y OTROS)
El Gobierno Nacional decidió finalizar la emergencia territorial que protegía la posesión y propiedad comunitaria indígena, establecida por la Ley 26.160 y sus prórrogas. Esta medida supone una amenaza para los derechos humanos de los pueblos indígenas, ya que la mencionada ley era la única norma de políticas públicas en Argentina que garantizaba su reconocimiento. La derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2021, que extendía la vigencia de esta ley, se suma a otras decisiones del actual gobierno que generan preocupación.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, establece el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina. La Ley 26.160, sancionada en 2006, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de estas tierras y suspendió los desalojos, siendo prorrogada en diversas ocasiones. Sin embargo, la decisión del Poder Ejecutivo de dar por terminada esta protección estatal interrumpe los procesos de reconocimiento territorial en curso.
Ante esta situación, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) han instado al Congreso Nacional a aprobar con urgencia una ley que restablezca la protección de las tierras indígenas. También exhortaron a jueces y juezas a considerar la vigencia de los tratados internacionales y de la Constitución Nacional en la defensa de estos derechos. A treinta años del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, se advierte que no hay margen para el desconocimiento ni el retroceso en materia de derechos colectivos.
