El senador Daniel Bensusán manifestó que “la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad no debe ser vetada, su cumplimiento es fundamental para que las personas con discapacidad tengan garantizado el acceso a derechos y servicios fundamentales como alimentos, educación, medicamentos y tratamientos para mejorar su calidad de vida”.
La disolución de Vialidad Nacional es el ejemplo claro del uso real de las facultades extraordinarias de la ley bases: centralismo, ajuste sin planificación y desmantelamiento del Estado donde más se lo necesita. No es eficiencia, son las mismas ideas centralistas que buscan destruir el interior productivo.
Y eso no puede naturalizarse. En la Comisión de Educación del Senado recibimos al rector de la UNLPam y presidente del CIN, Oscar Alpa. Junto a otros rectores de universidades nacionales, nos presentaron un proyecto para asegurar el financiamiento que hoy está siendo brutalmente recortado. Como pampeano, me duele ver Leer más…
La reducción a 0% de los derechos de exportación establecida por el Decreto 682/25 generó graves preocupaciones institucionales y fiscales que justifican la intervención del Congreso. La medida, presentada como un beneficio para el sector agropecuario, terminó favoreciendo a un pequeño grupo de grandes exportadores, quienes obtuvieron ventajas extraordinarias a costa de un alto costo fiscal para el Estado, estimado en alrededor de U$1.497 millones.
se propone la creación de una Comisión Investigadora Parlamentaria, siguiendo el antecedente de la Ley Nº 26.397 de 2008, con el fin de esclarecer posibles irregularidades y garantizar el control político sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, en resguardo de los principios de transparencia, equidad y defensa del interés público.
La decisión de avanzar con su privatización representa un hecho de extrema gravedad, pues pone en riesgo la soberanía energética nacional y abre la posibilidad de injerencias extranjeras en un sector estratégico. En un contexto global donde la energía nuclear es reconocida como herramienta esencial contra el cambio climático, entregar parte del control de NASA equivale a debilitar una de las capacidades más valiosas del Estado argentino.
El presente proyecto de resolución tiene como propósito garantizar que el personal de las Intendencias del Honorable Senado de la Nación cuente con la indumentaria y el calzado adecuados para desempeñar sus funciones en condiciones de dignidad laboral. Esta medida busca preservar la calidad del trabajo y el bienestar de quienes cumplen tareas esenciales para el funcionamiento diario de la institución.
La iniciativa busca declarar de interés el proyecto CONSAGAN – pequeños envases, grandes cambios, desarrollado por estudiantes del Colegio Agropecuario de Realicó, La Pampa. Presentado en la Feria Provincial de Ciencias, forma parte del programa Aprender a Emprender de Junior Achievement, que promueve la creación y gestión de proyectos escolares. La propuesta surgió ante la preocupación por los residuos plásticos del ámbito agropecuario, especialmente los envases de vacunas y antibióticos.
El proyecto propone la creación del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) y del Consejo Federal de Juventudes, dotados de financiamiento propio y competencias para articular políticas a nivel federal. Además, establece derechos específicos —educación, trabajo, salud, inclusión digital, participación política y acceso a la vivienda— y deberes estatales para garantizar su cumplimiento. La sanción de una Ley Nacional de Juventudes se plantea como un paso imprescindible para asegurar igualdad de oportunidades, estabilidad institucional y sostenibilidad de las políticas destinadas a las nuevas generaciones.
Esta propuesta legislativa tiene basamento en la iniciativa conjunta de los Gobernadores de todas las provincias argentinas y del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes firmaron un documento para respaldar la transferencia directa y automática de recursos destinados a funciones asumidas por las provincias y, en algunos casos, por los municipios.
Proponemos incorporar al Libro Segundo del Título III de nuestro ordenamiento penal, el Capítulo VI, denominado penas accesorias. Allí establecemos tres sanciones que conllevarán los delitos contra la integridad sexual y que podrán ser impuestas por el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 ter del Código Penal.