2397/24: QUE DECLARA LA EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESIÓN Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ORIGINARIAS DEL PAÍS, POR EL TERMINO DE 4 (CUATRO) AÑOS. (Co-Autoría con LEAVY Y OTROS)

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El Gobierno Nacional puso fin a la protección legal que garantizaba la posesión y propiedad comunitaria indígena al declarar finalizada la emergencia territorial establecida por la ley 26.160 y sus prórrogas. Esta medida amenaza con agravar los conflictos territoriales en el país y contradice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, su derecho a la tierra y su participación en la gestión de recursos naturales. Además, la derogación del Decreto 805/2021, que extendía la vigencia de esta ley, representa un retroceso en el reconocimiento de los derechos indígenas.

La ley 26.160, sancionada en 2006, declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y suspendía los desalojos por un plazo inicial de cuatro años, posteriormente prorrogado mediante diversas leyes y decretos hasta 2025. Su implementación respondía a compromisos asumidos por Argentina al ratificar el Convenio 169 de la OIT, que exige a los gobiernos adoptar medidas para reconocer las tierras ocupadas tradicionalmente por pueblos indígenas. Sin embargo, la decisión del Poder Ejecutivo de cesar esta protección interrumpe los procesos en curso de reconocimiento territorial, afectando gravemente a las comunidades indígenas del país.

Ante esta situación, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) han exhortado al Congreso a dictar con urgencia una nueva ley que garantice la posesión y propiedad comunitaria indígena. Asimismo, instan a jueces y juezas a respetar la Constitución y los tratados internacionales vigentes en materia de derechos indígenas. A 30 años del reconocimiento de estos pueblos en la Constitución Nacional, se advierte que no hay lugar para retrocesos en la protección de sus derechos colectivos.

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